Hace un par de años la Agencia Jurídica del Estado, analizó en el libro “Manual de Escritura Jurídica” una realidad silenciosa en el mundo de las leyes y notable entre la sociedad colombiana por la falta de claridad en el estilo, el modo de escribir y hablar de los abogados y operadores judiciales en el quehacer jurídico.
Este problema lleva a una grave dificultad para quienes acceden a la justicia y para quienes la administran puesto que no existe un entendimiento que permita tener ideas claras de los argumentos que se están expresando.
Uno de los errores que más llaman la atención, fue el de reprochar a los abogados una escritura “con un estilo pesado y pomposo, prefiriendo arcaísmos, cultismos, latinismos crudos y seudo-tecnicismos en lugar de palabras claras y sencillas”.
Pero ¿qué hacer frente a esta realidad?: ¿Desechamos los tecnicismos? ¿modernizamos el lenguaje jurídico?, ¿proscribimos el latín de la lengua escrita y hablada? ¿contamos con otras soluciones?
¿Donde está el problema?
Tal vez el estudio de la Agencia Jurídica del Estado y el reproche de la sociedad en general, le atribuyan al lenguaje jurídico algo que tiene tanto de cierto como de falso por varias razones
Lo primero es que en diferentes ciencias como la medicina o el derecho, se emplean palabras técnicas exclusivamente para expresar algunos conceptos, de ahí que cambiar al común de la gente popular podría alterar su significado. Por eso la necesidad de ir más allá del lenguaje cotidiano para referirse a tecnicismos que expresen un concepto. Un ejemplo claro sería la expresión: “saneamiento por evicción”, que solo puede ser comprendida mediante ideas que concibe el entendimiento de un tecnicismo propio de una profesión como la del derecho.
Como segundo, el uso de palabras en desuso que, si bien son tachadas de antiguas, resultan ser de gran utilidad al momento de ser usadas. Piensa por ejemplo, cuando en un despacho judicial se le informa al usuario que su proceso “se encuentra ubicado en el anaquel”. Lo primero que se pensará es ¿qué es un anaquel?, lo que no es más que una tabla horizontal colocada en la pared, dentro de un armario o en una estantería que sirve para que los juzgados ubiquen los expedientes.
Se podría refutar ¿y por qué no usar una palabra más común, como armario? Por la razón que el armario no tiene las mismas características de un anaquel y más importante aún, no expresa con precisión las características mismas de lo que nos referimos.
Tercero, el uso de latinismos puede parecer a simple vista algo anacrónico y no propio de la era moderna, pero ¿cómo desechar ese conjunto de reglas que nos heredaron los romanos, sin caer en el vacío mismo de la tradición jurídica?
Por el latín podemos referir de forma corta y simple expresiones que serían mucho más complejas si las tratamos de conceptualizar en el español, que al ser una lengua viva tiene el defecto de variar y cambiar el significado de las palabras.
Aunque no parezca, todo el común de la gente sin pensarlo utiliza expresiones latinas. Por ejemplo, en la forma de referir la hora del día: A.M./P.M., que no es otra cosa que una abreviación para significar ante meridiem (antes del mediodía) y post meridiem (después del mediodía). Y si esto ocurre entre conjunto de la gente popular ¿cómo no lo podrá ser entre los abogados y operadores judiciales que utilizan un lenguaje más técnico y propio de su oficio?
Entendiendo el lenguaje
La propuesta de cambio para armonizar el lenguaje jurídico en el coloquio popular, no puede ser otro más que el de aplicar por parte de los profesionales del derecho el binomio de la claridad y el rigor.
La claridad entendida como la forma inteligible y fácil de comprender, que debe ser utilizada por el interlocutor para expresar sus ideas de forma clara y precisa, y el rigor como el uso con propiedad y precisión de las palabras y conceptos necesarios para identificar una idea, sin que ello signifique sacrificar el acierto y la destreza.
Es aquí en donde a manera de síntesis coincidimos con las conclusiones que arrojó el estudio del “Manual de Escritura Jurídica” propuesto por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en el sentido que corresponde a la academia lograr que los futuros abogados, jueces y magistrados pasen de una prosa jurídica pesada y pomposa a una argumentativa, más breve y más elocuente.
Uno de los objetivos de las facultades de derecho, será entonces formar buenos profesionales que respondan a esas nuevas exigencias de una sociedad que requiera más de claridad y rigor en sus causas que de formulismos jurídicos que adornen y maquillen una pobreza intelectual.
Diego González – Docente
UNICERVANTES
